Compartir

La política ha invadido las actividades de las empresas y es que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, el Brexit y la posibilidad de un nuevo auge de los movimientos secesionistas como el de Cataluña, han llevado a las empresas a tomar medidas drásticas para salvaguardar su futuro y el de sus trabajadores y accionistas.

El deseo de permanecer bajo los auspicios de la UE ha obligado a muchos de ellos a plantearse trasladar su sede de un Estado miembro a otro o incluso dentro del mismo país, como es el caso de España. La encrucijada política por la que atraviesa Cataluña ha hecho que la mayoría de las empresas del Ibex ubicadas en la comarca hayan optado por trasladar su sede a otras comunidades autónomas.

En España se ha comprobado en los últimos días, que el traslado de la sede social se puede realizar en pocas horas.

Más aún, desde que el pasado 6 de octubre se aprobó el Real Decreto-Ley 15/2017, por el que se adoptaron medidas urgentes sobre la movilidad de los operadores económicos en el territorio nacional, permitiendo al Consejo de Administración del CaixaBank adoptar esta medida sin consultar a la Junta General de Accionistas.

Pero por la misma razón que es más fácil para una empresa española abrir una oficina en Cádiz que en París, la movilidad de las empresas y el traslado de su sede social dentro de la UE, pero fuera del territorio nacional, es una tarea más compleja y llena de incertidumbres jurídicas.

Cuáles son las ventajas para países, empresas y trabajadores de pertenecer a la UE

Las empresas, especialmente las PYME, se enfrentan a un vacío jurídico cuando cruzan fronteras.

Un claro ejemplo del actual vacío jurídico existente en la Unión Europea con respecto a la deslocalización de empresas es la situación actual de las empresas británicas falsas registradas en el Reino Unido, estimadas en más de 50.000, muchas de las cuales proceden de Alemania.

Estas empresas se crearon bajo la égida del Reino Unido, buscando regulaciones menos exigentes y más opacas que las normas alemanas. Con Brexit, pueden perder el estatus de empresas europeas y ahora quieren trasladar sus sedes centrales desde el Reino Unido, pero se enfrentan al problema de que la legislación británica no les permite trasladarse, siendo esta una razón más para que Bruselas decida finalmente avanzar con una solución que podría poner fin al problema.

En particular, muchas de estas empresas habían huido de Alemania en un intento por eludir normas como la que exigía la representación sindical en los órganos administrativos de las medianas y grandes empresas.

El caso de Air Berlin, que se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada británica e inscrita como tal en el registro del Reino Unido para eludir las normas legales vigentes en su país de origen y sobre la participación sindical en los órganos de gobierno, era bien conocido.

El traslado del domicilio social de una empresa de un estado miembro a otro, depende de las legislaciones nacionales y es la jurisprudencia europea, la que establece los principios que deben aplicarse caso por caso en caso de divergencia. En el caso de España, la Ley 3/2009 de cambios estructurales en las sociedades mercantiles prevé la transferencia internacional de sociedades no sólo dentro del marco comunitario, sino también a terceros países, pero no todos los estados tienen tales regulaciones.