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Si bien es cierto que Cristina Cifuentes parecía una de las pocas personas que tenía cierta integridad dentro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, algunas informaciones que llegan como derivadas del caso Púnica, se empeñan en quitarle toda la razón.

Más que nada porque ahora se conoce un documento en el que se la señala de manera directa como una de las personas que hizo una concesión “a dedo” sin respetar en absoluto los cauces legales que hay para este tipo de adjudicaciones.

Otra nueva ramificación del caso Púnica

En este documento, que ya remitió en su día al juez Eloy Velasco con el objetivo de que tuviera en su poder toda la documentación oportuna para instruir el caso, se dice que Cristina Cifuentes, en el año 2009, adjudicó el servicio de cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández sin necesidad de que hubiera concurso alguno contraviniendo todas las normativas legales que había para ello.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, Cristina Cifuentes ya ha salido al paso de estas afirmaciones y asegura que este es un documento que no tiene ningún valor jurídico y que no puede utilizarse para manchar su nombre, el cual, según ella, desde siempre ha estado unido a la lucha contra la corrupción más absoluta. No en vano, tenemos que recordar que ella fue una de las denunciantes de lo que hoy conocemos como Operación Lezo.

Aun así, hay que recordar que cada día que pasa se descubre una pieza nueva del Partido Popular que está envuelta en algún caso de corrupción dentro de la Comunidad de Madrid por lo que no sería de extrañar que la señora Cifuentes estuviera implicada en un casa que a pesar de tener ya 8 años no deja de ser interesante para los jueces y la prensa.