Compartir

Cientos de personas se aglutinaron esta madrugada en la calle Argumosa 11 del barrio madrileño de Lavapiés residencia de Pepi, para evitar su desahucio fijado por una juez  a las 06.30 horas de la mañana.

Esta es la quinta vez y pese al horario que una movilización popular logra detener dicha expulsión. Pepi es una viuda de 64 años quien vive con sus dos hijas de 27 y 28 años respectivamente en la calle Argumosa y ha expresado su satisfacción pues la comunidad apostada frente a su casa, frenó el desahucio.

La juez por su parte manifestó que interrumpir el desalojo no puede ser pactado, ya que se cumplieron judicialmente todos los trámites necesarios y este hecho se ha permitido en cinco oportunidades; así que hay que ajustarse a la sentencia, tomando en cuenta que internacionalmente no son vinculante las opiniones que pronuncia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Como es de conocimiento público, el 27 de septiembre pasado dicho Comité pidió al Gobierno de España que cesara de forma indefinida el desahucio o que le ofreciera una opción habitacional a Pepi y sus hijas. Aunque fue interrumpido en esa fecha, la juez reactivó el despido para el viernes a las 6.30 de la mañana,  hora que según manifiesta el Sindicato de Inquilinas de Madrid no hay ningún miembro de prensa que reporte el caso.

Ante el hecho, el jueves la Organización de las Naciones Unidas insistió nuevamente al Estado español detuviera el desalojo conforme al artículo 5 del Protocolo Facultativo, mientras el sindicato convocó una concentración que se mantuvo durante la noche en casa de Pepi e impedir el desahucio, el cual se consiguió.

La mujer agradeció el apoyo y pidió que no le pase a nadie lo que ella está pasando

Pepi lleva más de 20 años alquilada en el inmueble, propiedad de la firma Inversión en Proindivisos S.L.,  y durante toda esa estancia se produjeron tres intentos de desalojarla, los cuales se aplazaron por no tener dónde vivir.

Refiere Pepi que el único propósito de la empresa es construir pisos de alquiler vacacional y especular con ellos.

La Junta Municipal de Centro envió un correo al Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid donde solicita la suspensión temporal de la separación. Asimismo la portavoz del Gobierno Rita Maestre, requirió a los tribunales que oigan a la ONU, se detenga la medida y la Comunidad cumpla con su deber, ofreciendo una vivienda a la familia.

Maestre participó en la concentración del verano pasado que manifestaba contra del cuarto intento de desahucio, problema que el Ayuntamiento ha venido trabajando con la compañía propietaria por medio de la Junta Municipal, sin lograrse una respuesta satisfactoria.