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Alicia López de los Mozos profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), afirmó este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que el catedrático Enrique Álvarez Conde ex director del controversial máster de Derecho Autonómico, la forzó para que no dijera la verdad sobre que no formó parte del tribunal del discutido Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, ex presidenta regional.

Igualmente comentó en su declaración de investigada que participó en una reunión en un despacho de abogados, donde estaba presente el líder del Partido Popular Álvarez Conde junto con otras colegas docentes que figuran en el acta del TFM, quienes tenían que confirmar que la defensa se había realizado.

Dijo no recordar los documentos que certifican las convalidaciones de las materias, ni menos a ningún alumno del Máster de Derecho Autonómico de la URJC período 2008-2009, además no le consta que el mismo fuera presencial.

Al hacer acto de presencia en la comisión de investigación de Universidades de la Asamblea de Madrid, la profesora de Derecho Constitucional aprovechó la oportunidad para expresar que vio con desconfianza la rueda de prensa ofrecida el 21 de marzo en la URJC, donde se revelaron las incoherencias en el caso de los estudios de Cristina Cifuentes y donde se afirmó que la ex presidenta se presentó al citado tribunal, hecho que no entendió, ni tenía idea de lo que exponían.

Alicia López afirmó ante los diputados de la comisión de investigación, que no tenía conocimiento si ocurrieron irregularidades en otros cursos, ni se les haya dado trato especial a alumnos por ser políticos.

En relación a la supuesta falsificación de dicho documento, pieza clave en el llamado caso Máster, manifestó una vez más que nunca accedió a las pretensiones de Álvarez Conde en referencia a la alteración de su firma en la polémica acta de evaluación.

Mientras tanto y durante la comparecencia de Enrique Álvarez Conde  en la comisión de investigación, se leyó una declaración al comienzo de la misma, donde denunció que la Comunidad de Madrid lo presionó y él es quien ha sido objeto de feroces luchas políticas, académicas e interpartidistas.

Alegó que siempre actuó dentro de una legalidad absoluta y su único error fue no saber cómo reaccionar ante las fuertes presiones por parte del rectorado de la universidad y la comunidad, los días 20 y 21 marzo de 2018. Asimismo se reservará el derecho a iniciar acciones jurídicas contra los que provocaron según él, su muerte académica y social.

Fuentes informativas señalaron que el Grupo Parlamentario Popular no asistió a la primera reunión de la comisión de investigación sobre universidades, ya que se tratarían asuntos propios de la autonomía universitaria.