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La Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad y cuya estructura orgánica está dividida en tres áreas, social, económica y jurídica, es una organización que actualmente se ha dedicado a la protección de 3.367 personas mayores de 18 años, que fueron incapacitadas por decisión judicial.

En los últimos tres años el porcentaje ha aumentado en 18% y según proyecciones del Gobierno regional la tendencia es al alza.

Motivado al exceso de trabajo que la agencia ha asumido en dos décadas, se fundaron tres departamentos especializados, el Tributario, para los pagos de multas, el de Testamentarias que gestiona 150 herencias por año y el de Inmuebles que negocia 2.000 viviendas las cuales implican 600 alquileres, 800 avisos de averías y  30 ventas anuales previa autorización reglamentaria.

Carolina García Durrif, jueza y directora de este servicio autonómico, explica que cuando asumen un caso la responsabilidad recae totalmente sobre el organismo, ya que como representantes legales de los tutelados entre otras cosas, deben velar por sus cuentas bancarias, hasta realizar sus declaraciones del IRPF.

Agrega que los adultos protegidos sufren de alguna discapacidad intelectual, enfermedad mental o de diversas patologías. En su mayoría tienen familiares, pero el juzgado quien decide la situación del dependiente, no los considera idóneos por diversas razones, principalmente por el rechazo que muestran o expresan cuando esgrimen argumentos como problemas médicos, laborales, económicos u hostilidad hacia el allegado.

La edad de las personas beneficiadas oscila entre los 51 a 60 años y el 53% son mujeres

Todos cuentan con un profesional de referencia personal e  individualizada que ofrece atención. La Agencia de Tutela de Adultos recibe del patrimonio de los dependientes una retribución entre 4% y 20% que fue establecida judicialmente por la complejidad de los casos que llegan.

Cabe destacar que nunca hereda los bienes tras la muerte de un tutelado ya que es el Estado quien ejerce dicha competencia ante la ausencia de los familiares. Tampoco se pueden vender bienes o propiedades salvo que el juez lo autorice y ante aprietos económicos.

El presupuesto del año 2018 fue de €7,6 millones de euros y para este 2019 está previsto sumar ocho personas a la nómina de la entidad, que actualmente está constituida por administrativos, trabajadores sociales, abogados y educadores.

Una de las recientes medidas fue integrar los datos de los favorecidos en el fichero de la Policía Nacional.

Ante una situación de emergencia que involucre a cualquier persona legalmente incapacitada, los agentes podrán identificarla inmediatamente, suministrarle el tratamiento preciso y contactar con su tutor como lo contempla la normativa en vigor.

Señala la directora del centro Carolina García que sin el apoyo del sistema informático creado, el cual permite digitalizar la información de los huéspedes, esto no sería posible.