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El juez García Castellón puso un lazo al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, con casi 25 años de hegemonía y con tiempo suficiente para desarrollar un sistema de financiación ilegal; tras imputar a Esperanza Aguirre y varios de sus ejecutivos.

Con Aguirre y  Cifuentes también inculpada, se cierra un círculo de investigación a cuatro ex gobernantes populares. El primero fue Alberto Ruiz-Gallardón, que quedó fuera del caso Lezo según la principal fuente de financiación.

Una de las vías de financiación irregular más sobresaliente, es el Canal de Isabel II siendo su ex presidente Ignacio González, también imputado. Para la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la UCO hay otras que han obtenido dinero ilegal entre ellas Fundescam, creada por Gallardón y usada por Aguirre.

La fundación asociada al PP hacía donativos a empresarios como Arturo Fernández, amigo personal de Aguirre; donde intervino Gerardo Díaz Ferrán. La clásica corrupción donde se recibe el dinero público para aprovecharse.

El juez señala las sumas absolutas de Aguirre tras el tamayazo de 2003, considerándola como el cerebro del complot, además de la manera como gobernó que hizo dudar a los investigadores para tomar una decisión de calado sin su noción.

Con los papeles del domicilio y despacho de Génova del ex tesorero del PP regional Beltrán Gutiérrez se inició la búsqueda de las fuentes de financiación.

En aquel tiempo, Aguirre hizo cambios que hoy están en su contra. El manejo del Gobierno regional y la presidencia del PP a la vez. Otra presunta vía de financiación fue decretar el 1% por publicidad de una obra pública. La Ley 6/2005 acentuó este negocio cuando a González se le dio la potestad para suscribir los tratados publicitarios de la Comunidad.

Por este caso figuran los ex consejeros de Aguirre Manuel Lamela, Juan José Güemes y Francisco Granados con el que se iniciaron las averiguaciones de Púnica. Cabe recordar que Aguirre tenía dos proyectos, los hospitales y el Metro, cuyas partidas de gastos en contratos públicos eran millonarias.

La empresa oficial Arpegio permaneció bajo la administración de Francisco Granados por mandato de Aguirre. Jugosas sumas de dinero aportadas por las inmobiliarias favorecidas se repartieron entre los partidos que regían ciertos municipios, como lo dijo David Marjaliza, otro de los investigados. Su papel fue de trabajar como empresario vinculando a ciertos políticos, igual como lo hizo Correa en Gürtel.

Para finalizar resta un empresario relacionado a la presunta financiación, él es Daniel Horacio Mercado, dueño de Over Marketing y otras sociedades que facturó casi 20 millones de euros en convenios con la Comunidad; de hecho ya se descubrió en Palma de Mallorca, en una de las pesquisas llevadas a cabo a Jaume Matas un financiador muy frecuente del PP.