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El archivo del expediente y también dejar sin efecto las medidas cautelares solicitadas en contra de Almeida, es lo que ha solicitado al juez, el Ministerio Publico.

La causa abierta a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y a su concejal de Medio Ambiente y Movilidad Francisco Borja, se corresponde con un delito de prevaricación, debido a que ordenaron el cierre de los parques y zonas verdes madrileñas como medida de prevención ante el covid-19.

El recurso presentado por la defensa ante Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, sirvió de base para que hoy la Fiscalía se adhiera a este y solicite el cese de la causa.

Así mismo, la Fiscalía considera oportuno solicitar que quede sin efecto, la presentación por medidas cautelares que está convocada para el próximo sábado, a la que ambos funcionarios debían comparecer a propósito de tomar la decisión de reabrir estos espacios.

Por su parte el Juzgado Contencioso- Administrativo 5º de Madrid, justo ayer se pronunció respecto a esta petición cautelar, rechazando la misma la cual se refiere a la suspensión de las resoluciones emanadas del Ayuntamiento madrileño, que ordenaron la clausura de los grandes parques y zonas verdes que hay en la ciudad capital.

Al mismo tiempo el juez dejo debidamente aclaradas las competencias del equipo del Ayuntamiento de Madrid, las cuales le permiten tomar este tipo de medidas.

De acuerdo al recurso presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, no existen datos que apunten a que la resolución adoptada por Almeida, de mantener cerrados estos espacios al público estén en conflicto de forma ostentosa o grosera con la legalidad.

No se evidencia tampoco desviación del derecho a tal punto de que colinde con la antijuridicidad que amerita el tipo penal, con lo cual va más allá en su recurso y solicita al juez que sea desestimada la medida cautelar interpuesta con el propósito de reabrir jardines y parques al público.

Por otra parte la Fiscalía señala que no quedó claramente informada la resolución en concreto, que conlleva a la acusación por delito de prevaricación que menciona el abogado Mazon. Esto se presta a confusión y conlleva a que las partes intenten adivinar, a qué resolución arbitraria específicamente se refieren.

Según apunta el fiscal, una decisión como esta no puede considerarse como arbitraria, ya que espacios como jardines y parques se prestan para que existan aglomeraciones con el riesgo latente de posibles contagios a propósito del covid-19.

Respecto a la competencia del alcalde y el concejal para asumir esta medida, señaló que el Ministerio de Sanidad en su Orden SND/380/2020 deja establecido que si está dentro de sus competencias la decisión de clausurar o reabrir estos espacios.