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En el año 2018 las multas a vehículos de transporte con conductor (VTC) impuestas por la Policía Municipal de Madrid se duplicaron.

De 826 controles, 631 automóviles fueron sancionados, lo que representa casi el 76% de los vehículos inspeccionados, es decir, de cada cuatro tres no cumplían con la normativa a diferencia de 2017 cuando sólo se multaron 365 vehículos.

Estas cifras presentadas por los policías municipales contrastan con las impuestas por la Comunidad de Madrid en ambos períodos anuales.

En 2017 el Gobierno regional multó a 4.140 vehículos VTC y en el 2018 a 3.081 coches, esto revela que hubo una caída en sanciones del 26%. Calculándose que en la zona existen 6.300 licencias para automóviles de transporte con conductor.

Asimismo se muestra una alta cantidad de VTC perseguidos por no cumplir con la normativa de transporte; en 2017 se castigaron a 80 y en 2018 a 97, un 21% más;  contrastando con las pocas infracciones cometidas por taxistas.

Los coches de alquiler con conductor cometieron un 80% de infracciones motivado  a que deben esperar en la calle sin tener acordada una contratación. Le siguen los que circulan vacíos aguardando por un cliente que los contrate. Igualmente se descubrió que varios autos VTC cargaban pegatinas con la bandera de la Comunidad de Madrid falsas.

Vale informar que las multas de la Policía Municipal relacionadas con la prestación del servicio VTC se envían a la Comunidad de Madrid quien desde su Departamento de Transportes las gestiona y solventa la sanción económica que se le aplicará al transgresor.

El portavoz del Consistorio dijo que el organismo policial únicamente tramita las conductas de indisciplina vial, como por ejemplo saltarse un semáforo. En cuanto al régimen jurídico de la autorización o lo que tenga que ver con la prestación del servicio lo gestiona Transportes de la Comunidad de Madrid.

El 25 de octubre del 2018 el Congreso de los Diputados aprobó la nueva normativa de transporte que faculta regular las VTC a las comunidades autónomas, se elevó asimismo la cuantía de las sanciones a los servicios irregulares. Ahora las multas oscilan entre los €1.000 y los €6.000 euros. El vehículo que no disponga de la autorización no podrá movilizarse por la localidad.

El último real decreto estipula como infracciones consideradas de ‘muy graves’, primero iniciar un servicio fuera de la comunidad autónoma; segundo la recogida de clientes que no hayan contratado antes el servicio y tercero, el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación usual del servicio en el territorio donde se encuentre domiciliada la autorización y que el vehículo comience un servicio sin haberse comunicado los datos relativos a dicha ruta por el titular de la autorización tal como exige la legislación.