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Fue presentado el borrador del nuevo decreto que regulará la convivencia en colegios públicos y concertados e institutos de la capital española, que se espera sea aprobado antes del mes de marzo.

El mismo incluirá dos novedades

La primera, los centros educativos madrileños deberán comunicar a la Fiscalía u organismo correspondiente de acuerdo a la gravedad de los hechos, si los profesores incumplen o no con su atribución de informar al equipo directivo sobre situaciones de violencia infantil, juvenil o de género contra niñas, niños y mujeres que hacen vida en las instituciones.

La exigencia también recae en el personal administrativo y de servicios, empleados del comedor y trabajadores de limpieza.

La segunda va dirigida a los alumnos, quienes no informen sobre episodios de acoso que pongan en riesgo la integridad física o moral de otras personas de la comunidad, serán sancionados con privación del tiempo de recreo hasta expulsión de la clase durante cinco días lectivos, por considerarse una falta grave.

Formación de docentes para ayudar a combatir el ciberacoso escolar

Asimismo, se tipifica como infracción difundir detalles de ámbito personal, escolar e imágenes que afecten los derechos de profesores y estudiantes.

La jefa de la Unidad Técnica de Convivencia y de las Familias Isabel Serrano, señaló que la disposición dará soporte legal a las medidas adoptadas desde 2016, cuando fue aprobado el Plan de Lucha contra el Acoso en el ámbito educativo e hicieron cambios al protocolo de actuación, incluyendo la discriminación al grupo LGTBI y el cyberbullying.

Entre las reformas del decreto en vigor desde 2007 se considera falta grave participar en riñas, así como usar la intimidación con ofensas, violencia y actos que atenten contra el derecho al honor e imagen de los compañeros y miembros de la comunidad.

Se une a la lista de atenuantes el colaborar para esclarecer los hechos o resolver pacíficamente los conflictos. La utilización de medios especialmente electrónicos en alusión al acoso por redes sociales, será un agravante.

El borrador del decreto plantea la posibilidad que la dirección del centro requise los móviles y dispositivos audiovisuales utilizados para violar la privacidad de las personas. Si lograran ser elementos de delito, deberán entregarse al Ministerio Fiscal o cuerpos seguridad del Estado.

Finalmente, son deberes y derechos de los profesores y demás trabajadores notificar situaciones de violencia. Se insta a las familias fomentar en sus hijos o tutelados, la responsabilidad en el uso de las tecnologías y prestar atención al ciberacoso.

La Consejería de Educación a través de su portavoz, reitera que al aprobarse la nueva normativa se pondrá igualmente en práctica un plan de atención a la diversidad, por lo vulnerable de colectivos como los niños autistas, quienes son más propensos a ser víctimas de hostigamiento psicológico o físico en las aulas.