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Debido a las reiteradas denuncias por parte de los vecinos respecto al bullicio desproporcionado y el exceso de gente en los locales de ocio, así como la imposición continua de multas municipales, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha decidido elevar a otras instancias diferentes a la vía administrativa, y proceder a recurrir por vía judicial el delito de insolvencia punible.

En una rueda de prensa, la portavoz del Consistorio y concejal de Podemos, Rita Maestre, afirmó, que el gobierno de Manuela Carmena resolverá denunciar ante la Fiscalía, a aquellos establecimientos de ocio que quebranten repetidamente las normativas municipales que regulan los ruidos y el exceso de aforo.

El equipo de gobierno se ha enfrentado con un alto número de establecimientos que han incumplido la normativa, pero no ha conseguido sancionarlos  porque  se declaran insolventes y argumentan el cierre del negocio en el momento de sancionarlos. Sin embargo, aunque cambian de propietario, jamás llegan a cerrar debido a la práctica de artificios administrativos y legales.

Madrid opta por la vía penal para cerrar locales de ocio

De esta manera, consiguen  no hacerle frente a los pagos y alargarlo en el tiempo, lo que hace que el procedimiento administrativo vuelva a comenzar desde el principio. Son estos casos de incumplimiento reiterado, los que se llevarán a la Fiscalía como delito de insolvencia punible, para que determine los indicios correspondientes para abrir un procedimiento y sancionar al negocio por vía penal. El Consistorio procederá como parte de una denuncia particular.

Al respecto, Maestre indicó que hasta ahora existen una docena de locales en la capital que se encuentran en esta situación y otros dos ya han sido consignados a la fiscalía. Las infracciones más comunes son el abuso de ruido y los problemas de seguridad causados por el exceso en la capacidad máxima de personas dentro del recinto.

La portavoz municipal recalcó, que se trata de grandes locales con bastante potencial para conseguir otros caminos y eludir la Administración, por lo que no se les puede embargar los bienes al declararse insolventes. Posteriormente, los mismos dueños vuelven a legalizarse con otro nombre jurídico y siguen funcionando de la misma manera que lo hacían antes, sin cesar su actividad e incumpliendo de nuevo las normas establecidas.

En este sentido se buscará demostrar que es falsa esa declaración de insolvencia y que se trata solamente de un engaño administrativo, por lo tanto, las respectivas denuncias se soportarán con los informes elaborados por la Policía Municipal y por la Agencia Tributaria.

A pesar de que el camino judicial tarda más tiempo que el procedimiento administrativo, el objetivo es encontrar una solución definitiva y eficaz a tantas quejas y denuncias de la comunidad y multas impuestas sin pagar. De esta forma, se busca lograr la sana convivencia y el descanso de los vecinos de la capital.