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La Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU) y la Unión de Policía Municipal (UPM), han interpuesto una querella ante el Juzgado de Guardia de la Plaza de Castilla, por los delitos de injurias y calumnias, a la edil de Usera y Arganzuela Rommy Arce, al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y al Presidente del sindicato de manteros, Malick Gueye, tras las criticas en contra de la actuación policial, en la muerte del mantero senegalés Mmame Mbage ocurrida en los disturbios en Lavapiés.

Estas organizaciones sindicales afirman que el malestar de los agentes policiales es generalizado y rechazan los distintos comentarios incendiarios que hicieron estos tres representantes a través de las redes sociales, criminalizando la labor policial y vinculando a la Policía Municipal, del trágico incidente en el cual el mantero perdió la vida.

El asesor jurídico de la UPM, Antonio Suárez, censuró la primera comunicación donde algunos partidos radicales dieron una información contraria a los medios cuando ya había quedado explicado con los resultados de la autopsia, que la muerte del senegalés Mmame Mbage estuvo relacionada con el padecimiento de una grave deficiencia coronaria de tipo congénito, que fue la causante de un ataque cardíaco.

La querella contra miembros de Podemos por críticas a la Policía fue interpuesta por el despacho

También se refirió a que la enfermedad coronaria era tan grave, que su muerte podría haber ocurrido en cualquier momento.

El sindicato policial ha recogido todos los mensajes y tuits que culpan y ponen en tela de juicio la labor de los policías y afirmó que los agentes lucharon por salvarle la vida al mantero, auxiliándolo mediante la reanimación cardiopulmonar y actuando humanamente más allá de los procedimientos establecidos en los protocolos sanitarios.

Así mismo, el sindicato critica principalmente la actitud de la concejal Arce y solicitaron ante la alcaldesa Manuela Carmena, el cese de la edil.

El portavoz del APMU, Carlos Bahón, reveló que se ha invocado a los delitos de injurias y calumnias contra otras personas, en vista que no se puede aplicar el delito de odio estipulado en el artículo 510 del Código Penal, debido a que la Fiscalía lo objetó anteriormente en relación al caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el intento del referéndum de Cataluña, explicando que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tiene ningún tipo de ideología.

Otros sindicatos policiales como CSIT y CSIF, estudian tomar acciones judiciales en contra de algunos representantes políticos que publicaron acusaciones falsas en contra de la intervención policial.

Cabe destacar, que la Asociación de Lavapiés mediante un comunicado expresó su agradecimiento a los cuerpos de seguridad por la participaron en el operativo, a su vez reclamó coherencia y responsabilidad a los políticos y medios de comunicación, desligándose también de los actos violentos sucedidos en su comunidad.