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Con votos a favor de PSOE y Ahora Madrid, el Pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó el Plan Especial de Hospedaje (PEH); mientras los partidos Ciudadanos y PP no estuvieron de acuerdo. El plan prevé restringir los pisos turísticos en la ciudad y cerrar las residencias que no cumplan con la norma, lo que representa el 95% de los 10.000 apartamentos turísticos reconocidos.

Con esta medida el dueño contará con 90 días para alquilar su vivienda con fines turísticos sin tener que hacer trámites legales, pero si se excede del periodo o alquila por más tiempo y durante el año, el Consistorio no lo concebirá como economía colaborativa, sino actividad comercial y obligatoriamente tendrá que conseguir una licencia.

Los alojamientos turísticos que compartan inmuebles de uso residencial deberán poseer en las zonas más colmadas una entrada independiente, de manera que turistas y vecinos no compartan el acceso ni los ascensores comunes. Las pensiones u otros establecimientos también cumplirán con este requisito siempre y cuando sea un edificio residencial.

Las condiciones pesan sobre los distritos centrales, que están repartidos en tres secciones, con distintas limitaciones dependiendo de la saturación de alojamientos.

obras de la estación de Gran Vía aún habiendo restos arqueológicos

El plan fue rechazado por Airbnb y sus propietarios, quienes este miércoles acudieron al pleno con camisas solicitando regulación y no prohibición, mientras estuvieron presentes vecinos que sí apoyaban tales restricciones.

José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Sostenible, explicó que la orden busca acabar con la masificación turística, ya que a la ciudad no le genera valor añadido sino que degrada las zonas con más actividad turística. Recordó que hay ciudades que asumieron la misma orden para evitar la masificación, tales como la suspensión del turismo en el barrio rojo de Ámsterdam y ‘los tornos’ en Venecia.

Para este, tal norma flexibilizará las exigencias para la utilización terciaria establecida durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y resguardará la usanza residencial del centro urbano, aplacando la conversión de domicilios del centro en hospedajes turísticos temporales, que han convertido a la ciudad en un parque temático para los turistas.

Mercedes González edil del PSOE, dijo que apoya el plan, ya que permitirá reglamentar al mercado turístico. Su partido objeta que la licencia se necesite por 90 días ya que el nuevo decreto con el cual trabaja la Comunidad de Madrid considera desde el primer día a las VUT como una actividad económica.

Íñigo Henríquez de Luna concejal del PP,  acusó al Ejecutivo de Ahora Madrid de dramatizar la situación y buscar resolverla con disposiciones populistas. Bosco Labrado de Ciudadanos negó que en Madrid existan problemas con las VUT y acusó al Gobierno de Manuela Carmena de obstruir el mercado sin haber evaluado el impacto jurídico y económico del plan.