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4 millones de euros. Esta es la cantidad que destina la Comunidad de Madrid a luchar contra la okupación. Un coste que el consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez, considera “elevado a nivel social, legal y económico”. Con todo este esfuerzo se pretende proteger a los propietarios y propiciar el descenso definitivo de la okupación, que ya ha caído un 65% desde el pasado mes de octubre. 

Un balance positivo

Aprovechando la visita a una vivienda del distrito de Tetuán, el propio David Pérez recalcó la importancia de implantar unas medidas sólidas de seguridad en los propios inmuebles. Con el fin de evitar la okupación, el consejero ha estado comprobando el estado del blindaje de puertas y ventanas y defendió contundentemente la tolerancia cero ante la okupaciónentre otras cosas. 

De igual modo, desde la Comunidad de Madrid se han elaborado una serie de protocolos contra las mafias trabajando codo con codo con la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la propia región. El objetivo es claro: “vencer la guerra contra la okupación y, sobre todo, “facilitar que las familias puedan habitar la vivienda que les corresponde”.

A esta tarea, ya de por sí complicada, hay que añadir la complejidad y lentitud del proceso legal. De hecho a nivel estatal se ha iniciado el debate sobre si se deben endurecer las medidas contra la okupación y la legislación para proteger el derecho de los propietarios.

Debate nacional

De esta manera surgen tres propuestas bien diferenciadas en función del partido político. El Partido Popular plantea recuperar el delito de usurpación y las penas de uno a tres años de prisión. Asimismo, proponen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más en concreto policías y guardias civiles, puedan desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas

Santiago Abascal y la fuerza política verde opta por actuaciones rápidas y rotundas para que “les saquen de una patada en el culo el mismo día que accedan”, según afirmó el líder de VOX. Por su parte, propondrían elevar la condena a los cuatro años de prisión y facilitar legalmente un desalojo inmediato

Finalmente, la formación presidida por Inés Arrimadas cree que la solución pasa por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y así poder celebrar juicios rápidos en los delitos de allanamiento de morada y de usurpación. Desde Ciudadanos también verían con buenos ojos modificar las penas y castigar entre uno y dos años de cárcel o multas de 6 a 12 meses dependiendo de si la okupación se produjo o no haciendo uso de la fuerza. 

La opinión del Gobierno

Ante estas propuestas la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende que la actual legislación hace frente de forma suficiente al problema de la okupación de viviendas y protege sumamente los derechos de los propietarios. “Tenemos una legislación que da respuesta a los problemas de la okupación, sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas”, afirmó